El Diario Exterior , Espana
Martes, 03 de enero de 2012

La memoria histórica sobre el genocidio armenio

Un proyecto de ley francés para tipificar como delito la negación del
“genocidio” armenio por los turcos, está dando lugar a críticas por
parte de historiadores que ven comprometida su libertad de
investigación.

El actual debate legislativo francés sobre el genocidio de Armenia
entre 1915 y 1917 está dando lugar a vivas reacciones. Parecía lógico
que la decisión de tipificar como delito la negación del genocidio
chocase con la postura de Turquía, siempre a las puertas de Europa.
Pero más importantes son las críticas que cuestionan ese tipo de
normas, por ir contra las exigencias del rigor científico o crear
nuevos delitos de opinión. Algo semejante a la defensa de la libertad
de opinión frente a las presiones de grupos minoritarios (como sucede
estos días en España a propósito de un libro sobre la homosexualidad
de hace varios años; o de la exigencia de usar sólo el término
`violencia de género’ para combatir las agresiones que sufren sobre
todo las mujeres).

En esta última línea se inscribe el artículo publicado en Le Monde
(28-12-2011), por el conocido historiador francés Pierre Nora,
presidente de una asociación que pugna en concreto desde 2005 por la
`Libertad para la historia’. Se opone radicalmente a la generalización
de las llamadas `leyes memoriales’, que establecen supuestas verdades
históricas por mayoría de votos.

La ley aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre (pendiente
ahora del Senado) ofrece dos aspectos diferentes: la cuestión armenia
en sí, y el problema global de la politización de la historia.

La idea de genocidio ha evolucionado hacia una connotación amplia, con
fronteras borrosas

No todos los crímenes masivos son un genocidio

Sobre el primero, a juicio de Nora, no se sostiene el paralelo entre
el genocidio armenio y la Shoah; la norma actual no se puede alinear
con la ley Gayssot, que penalizó en 1990 la negación del genocidio
judío. Para la Shoah existe una responsabilidad institucional
protagonizada por la Francia de Vichy. En cambio, respecto de Armenia,
Francia no aparece para nada. Y si lo que se pretende es presionar a
Turquía, ` la decisión francesa sólo puede exacerbar el nacionalismo
turco y bloquear cualquier forma de avance hacia el reconocimiento del
pasado’. Turquía propuso en 2005 la creación de una comisión paritaria
de historiadores y la apertura de los archivos; los armenios se
negaron en nombre de sus certezas sobre el genocidio. `El gobierno
francés debería haber presionado para que una comisión internacional
se instalara en Ankara, y Turquía se comprometiera a seguir sus
conclusiones’.

Pierre Nora afirma que `la palabra genocidio tiene un aura mágica,
pero es preciso recordar que todos los historiadores serios son
reacios a usarla; prefieren, según los casos, `aniquilación’,
`exterminio’, `asesinatos masivos’. Al término, elaborado durante la
guerra, se le dio una definición jurídica en 1948, basada en una
intención exterminadora. Luego ha evolucionado hacia una connotación
amplia, con fronteras borrosas, y su utilización no tiene ya más que
un contenido emocional, político o ideológico. Si los armenios quieren
usarlo, ¿por qué no? Puede estar justificado. Pero este genocidio
había sido ya reconocido por la República Francesa desde 2001′. Por
eso, aprobar una nueva ley en 2011 más bien se fundamenta en el deseo
político de cerrar la puerta a la solicitud de ingreso de Turquía en
la UE. Según el editorial de Le Monde (22-12-2011), la ley sólo se
explica por razones electorales.

Este tipo de leyes son criticadas por ir contra las exigencias del
rigor científico o crear nuevos delitos de opinión

Por otra parte, la noción de crimen contra la humanidad, asociada en
la ley al genocidio, nació en 1945, en Nuremberg. Su
imprescriptibilidad significaba que ninguno de los autores estaría al
abrigo de responsabilidades penales hasta su muerte. Pero esto no
puede aplicarse hoy a Armenia: ninguno de los autores vive, pues los
crímenes sucedieron hace más de un siglo; el riesgo es trasladar la
responsabilidad a los historiadores, que no podrán trabajar sobre un
tema tabú. En cierta medida, la muerte de los protagonistas deja sin
contenido a los procesos penales, como los suscitados contra
personajes franquistas por Baltasar Garzón en España, o por la juez
Servini de Cubría en Argentina, de la que habla estos días la prensa:
el contenido de su exhorto parece más propio de una investigación
histórica que de una instrucción judicial.

Contra la judicialización de la historia

Pero la cuestión armenia no es lo más grave, a juicio de Nora. La ley
actual pretendería transponer a la legislación francesa la resolución
europea, de 28 de noviembre de 2008, sobre “la lucha contra
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante
el Derecho penal”. Ante la decisión de Bruselas, Francia optó por
reconocer sólo como crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra, los declarados por un tribunal internacional. Significaría
la penalización de los culpables de genocidios como los de Ruanda o
Kosovo, pero nunca de los historiadores que trabajan sobre el pasado.
En cambio, la nueva ley se aplicaría a todos los delitos reconocidos
por el ordenamiento jurídico francés.

De este modo, se abre una vía para cuestionar toda investigación
histórica y científica desde las reivindicaciones memoriales de grupos
concretos, pues están legitimadas por el nuevo texto para ser parte en
el proceso. Podría aplicarse a sucesos antiguos, como la guerra de la
Vendée; o las hambrunas de Ucrania provocadas por el poder estalinista
en 1932-1933; o los crímenes comunistas en Europa Oriental; o el
exterminio de los gitanos por los nazis, o incluso la masacre de la
Guardia Suiza en las Tullerías en 1792. Se podría acabar
criminalizando a historiadores que trabajan sobre Argelia, sobre la
noche de San Bartolomé, o sobre la cruzada contra los albigenses.

Nora invita a reflexionar sobre el grado de anacronismo al que se
puede llegar proyectando sobre el pasado conceptos nacidos en la era
contemporánea, con los consiguientes juicios morales maniqueos. Sobre
todo, cuando la ley no penaliza sólo la “negación” del genocidio, sino
que introduce un nuevo delito: su “minimización”, todo un reto de
precisión para juristas.

En nombre de la defensa de los derechos humanos se puede llegar a la
`sovietización de la historia’. Muy al contrario, `es preciso proteger
la historia, en cuanto instrumento de unión, frente a la memoria que
divide’. Por eso, la asociación `Libertad para la historia’ lanzó un
manifiesto en octubre de 2008, que firmó en un par de semanas más de
un millar de historiadores europeos: “La historia -proclamaba- no debe
ser esclava de la actualidad ni escribirse al dictado de memorias
concurrentes. En un Estado libre, no pertenece a ninguna autoridad
política definir la verdad histórica ni restringir la libertad del
historiador bajo la amenaza de sanciones penales (…). En una
democracia, la libertad para la historia es la libertad de todos”.

El legislador ante la historia

Lógicamente, para algunos, como Ara Toranian, director de Nouvelles
d´Arménie magazine, la ley francesa se inscribe en la lucha contra el
negacionismo del Estado turco. No la valora en términos académicos,
sino de violencia política. Y, en este campo, `la ley está en perfecta
conformidad con su vocación esencial: garantizar la paz civil,
prevenir desórdenes públicos, proteger a los más débiles’. A su
entender -y el punto de vista es inquietante-, `cuando se permite que
la historia se escriba al dictado del verdugo y sólo se deja a las
víctimas la memoria para llorar, no se hace más que legitimar y
relanzar la máquina de matar’ (Le Monde, 28-12-2011).

Pero, como dice Le Monde en su editorial, `las leyes memoriales no
sirven para nada’, a pesar de la tendencia francesa (también europea y
española) a juridificar la historia: `Los historiadores -afirma- no
reivindican el monopolio de la verdad. Interpretan los hechos. Pero
compartimos con agrado su versión de la tragedia armenia. En cambio,
no corresponde al legislador -sostenido en este caso por el Elíseo-
proclamar la historia. En esta materia, no parece que exista una línea
oficial exigible a todos, ni que permita imponer sanciones penales’.